Seis agentes de la Guardia Civil -dos de ellos miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y dos de UniónGC, tienen abierto un expediente, que puede acarrear su expulsión del cuerpo, por asistir a la manifestación convocada en octubre pasado por los sindicatos de la Policía, en la que cerca de 20.000 agentes pidieron mejoras laborales y económicas.
Los agentes de la Guardia Civil expedientados iban de paisano, se encontraban fuera de su horario laboral y no llevaban armas, según UniónGC. Ante la apertura de los expedientes, UniónGC ha iniciado hoy una recogida de firmas para exigir “el inmediato archivo de las actuaciones y, en su caso, la anulación de las sanciones impuestas a estos trabajadores de la seguridad pública”.
En rueda de prensa en Barcelona, el vicesecretario general de la UniónGC, Miguel Angel Lezcano -uno de los expedientados-, ha señalado que su objetivo es recoger cuántas más firmas mejor a lo largo de los próximos dos meses para entregarlas al Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo. Lezcano ha admitido que tienen que hacer la recogida de firmas a toda prisa, porque ya hace un mes que les notificaron la apertura del expediente y el proceso no se puede demorar más de seis meses.
Por su parte, el secretario general de UniónGC en Cataluña, Bartolomé Barba, que también figura entre los expedientados, ha destacado que esta campaña de recogida de firmas cuenta ya con el apoyo de la UGT y la adhesión de la práctica totalidad de las asociaciones de la Guardia Civil, además del PP, Unión Progreso y Democracia (UpD), Ciudadanos, el BNG y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Precisamente, 
el secretario general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que también ha intervenido en la rueda de prensa como muestra de apoyo a esta iniciativa, ha denunciado la “caza de brujas” a la que se han visto sometidos estos seis agentes de la Guardia Civil por tratar de luchar por sus derechos.
Según Álvarez, los expedientes abiertos suponen un atropello a los derechos de la Guardia Civil y un ataque a la libertad de manifestación y demuestran que el Gobierno no quiere que se creen en la Guardia Civil organizaciones sindicales para defender plenamente sus derechos.
El dirigente de la UGT se ha quejado, además, del “doble rasero” con el que ha actuado el Gobierno, ya que mientras que ningún juez ha sido sancionado tras la huelga del pasado 18 de febrero, seis agentes de la Guardia Civil fueron expedientados por manifestarse, de paisano, fuera de su horario laboral. “Parece que con la Guardia Civil es más fácil, porque en este país el poder siempre ha abusado de la Guardia Civil”, se ha lamentado Álvarez.
EFE
